LA SALUD MENTAL DE LOS NIÑOS/AS Y LOS COLEGIOS.

Tendemos a pensar que las enfermedades mentales afectan únicamente a las personas adultas, que los niños con trastornos de personalidad, son simples TDAH como mucho, y que pueden integrarse tranquilamente en la estructura escolar normal. Es cierto que cuando se detecta un caso grave, se puede derivar a algún centro específico de los que disponen las comunidades, pero son casos muy excepcionales que han sido derivados desde salud mental.  Aquí está la clave de la cuestión, la derivación, lógicamente, está firmada por un médico y con la autorización familiar.
La decisión depende pues  de la familia, que es también a quien corresponde medicar a los niños/as bajo prescripción médica. Pero, ¿qué pasa si la familia se niega a la ingesta de estos medicamentos? Algunas familias que tienen algún miembro adulto con trastornos mentales, niegan la realidad, y no quieren relacionar a sus hijos/as con los trastornos que conocen de primera mano.
El servicio de orientación de los centros no puede hacer nada, salvo aconsejar a las familias que sigan las instrucciones  de salud mental, o que lleven a los niños/as a la consulta de dicho servicio médico. Todo lo más, puede ponerse en contacto con los  responsables médicos  para comunicarles las conductas disruptivas que tiene el niño/a en cuestión, pero hasta ahí. Los colegios dependen de la voluntad de las familias, y éstas deben reaccionar, y asumir, el difícil trago que supone asimilar  una enfermedad mental. Si además, esta situación viene corregida y aumentada por un problema socioeconómico a nivel familiar y una situación desfavorecida, al colegio le ha tocado la "lotería".
Podemos encontrarnos en algunos centros con alumnos/as a los que las medidas pedagógicas y emocionales les resultan inoperantes, puede parecer duro, pero es así. Si sumamos que el niño/as en cuestión puede tener ciertas tendencias agresivas, sumadas a una falta de empatía total, podemos vernos en serios problemas.
La solución no es fácil, es todo lo contrario, nadie puede actuar sin la aquiescencia familiar, por  lo hay que esperar a que se produzca un acontecimiento lo especialmente grave, para la derivación del menor a un centro específico. Insisto en que la asimilación de estas circunstancias por parte de las familias es extremadamente difícil, es mucho más fácil, por lo evidente, la asunción de una incapacidad, aquí estamos hablando de otra cosa. Pero también es cierto, que estos niños, consumen una gran cantidad de recursos humanos y de energía en los colegios donde están matriculados.
Los derechos del menor están por encima de cualquier otra cosa, pero a la vez, es cierto que debemos salvaguardar los derechos del resto de niños/as que son sus compañeros. Quizá la única solución razonable que me viene a la mente es la sobredotación inmediata  de los centros que tengan este problema. Quizá tener a una persona, que pueda estar de referente y con una atención personalizada, pueda ayudar. Nosotros aplicamos nuestros apoyos emocionales, pero no son suficientes, y no podemos centrar todos los esfuerzos del programa en una sola persona, tenemos que atender otras necesidades. Por ello aquí la Administración debería mirar al problema a la cara y no esperar, mientras solo quiere verle la nuca.

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